Gobierno estatal de Alfredo Del Mazó enfrenta denuncia en la FGR por negarse a pagar deuda millonaria de promocionales Salario Rosa

* Funcionarios estatales desconocen adeudo de 7.8 mdp

* Empresas particulares realizaron pagos a la deuda del gobierno

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Agencia MANL

Toluca, Méx. El Gobierno del Estado que encabeza Alfredo del Mazo. se niega a pagar $6.5 millones de pesos - a la empresa Visión e Impresión Sociedad Anónima de Capital Variable (VEI S.A. de C.V) por la elaboración de más de 429 mil playeras, gorras, banderines, folletos y carteles que promocionaron a los programas Salario Rosa y Familias Fuertes, durante 2018-2019.

La denuncia que presentó la compañía en la Fiscalía General de la República con número FGR/FECOR/VUA70315721, describe que en febrero de 2018, la Coordinación General de Comunicación Social, a través de Aida Donají Mendoza Muñoz, directora general de Mercadotecnia comenzó a solicitar pedidos urgentes de promocionales para eventos del programa Salario Rosa, hasta llegar a un total de 121,708 playeras, 108,600 gorras, 89,400 banderines, 78,000 folletos y 32,250 carteles estableciendo una operación comercial por un valor de 15.2 millones de pesos.

Cuando ya se habían solicitado 10 pedidos, en el mes de marzo se informó que quien pagaría sería el Consejo Estatal para la Mujer y el Bienestar Social, la cual pagó un poco más de tres millones de pesos, casi 10 meses después de la entrega de mercancías.

Y con la promesa de que “pronto saldrían los pagos restantes”, siguieron solicitando y recibiendo promocionales hasta marzo de 2019, incluso en una operación diferente el Consejo compró formas impresas y folletería para Salario Rosa y Familias Fuertes, pero la dependencia después desconoció el adeudo, y después desapareció como tal pues fue creada la Secretaría de la Mujer.

De octubre de 2019 a enero de 2020, 20 meses después de casi un año sin pago, por gestiones del Consejo y de la Secretaría de Finanzas, otras empresas abonaron a la deuda del Organismo Público Descentralizado $4.4 millones de pesos, pero para transferir dichos recursos se habría incurrido en el uso de comprobantes fiscales para actos jurídicos simulados cometidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

Estos hechos podrían sustentar acción penal según lo previsto en el artículo 113 y 113 Bis, del Código Fiscal de la Federación en adición a la agravante señalada en el artículo 97 del mismo Código, así como por lo dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Y existen conversaciones notariadas entre los contratantes y los prestadores de servicios que son parte de la carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, que dan cuenta de las cantidades solicitadas como servicio “urgente”, fechas y horarios de entrega, así como los acuerdos de funcionarios de gobierno que se comprometieron a pagar de contado.

Desde hace 17 meses, funcionarios estatales desconocen el adeudo que asciende a 7.8 millones de pesos, y pese a que han solicitado la intervención directa del Gobernador Alfredo del Mazo, no han obtenido respuesta alguna.

Los funcionarios involucrados en el adeudo a la empresa, son Aida Donají Mendoza, directora de Mercadotecnia; Francisco Sarmiento Pérez, coordinación de Información y Estrategia de la Unidad de Apoyo a la Administración General de la Secretaría de Finanzas; Erick Agiss Ortiz, de la Dirección de Eventos Especiales y Servicios Generales, de Secretaría de Finanzas; Claudia Erika Ponce Navas, de la Coordinación de Administración y Finanzas, y Vanesa Yusalet Velázquez Altamirano, de la Unidad de Apoyo Administrativo, ambas de lo que era el Consejo Estatal para la Mujer, hoy Secretaría de la Mujer.

En oficios enviados al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el administrador de la empresa afectada señala que el gobierno del estado requirió a su empresa operaciones comerciales a nombre de terceros para recibir pagos provenientes de particulares y abonarlos a la deuda atrasada por la elaboración de los promocionales.

Fueron un total de 4.4 millones de pesos los pagos realizados por empresas particulares como Comunicadora Transportes Horizonte S.A. de C.V, Estación de Servicio 09920 S.A. de C.V. Abastecedora Comercial Atzin, S.A. de C.V., Distribuidora Becy S. de R. L. de C.V. y Construmat Roda S. de R. L. de C.V. como abonos a la deuda del Gobierno del Estado por la impresión de promocionales de Salario Rosa.

Y que la emisión de comprobantes fiscales a terceros nunca fue parte del acuerdo original, sino una condición que el gobierno estatal impuso unilateralmente para liquidar parte de sus obligaciones atrasadas por más de dos años.

El 19 de julio de 2021 la empresa VEI denunció los hechos ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía General de Justicia de la Cdmx, pero ambas denuncias fueron remitidas a la fiscalía mexiquense la cual resolvió abstenerse de investigar y ordenó dar de baja la carpeta de investigación del sistema automatizado de denuncias.

En las cartas enviadas a autoridades federales informaron que también acudirán ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y ante la Contraloría del Poder Legislativo para que mediante el ejercicio de sus atribuciones deslinden responsabilidades por el incumplimiento de pago de más de 7.8 millones de pesos en promocionales del programa emblema del gobierno estatal Salario Rosa.

Gobierno de Ecatepec desacata recomendación de la CDHEM

* Fernando Vilchis, mantiene en en la nómin a Karla Arroyo Martínez, y con ello infringe la Ley Orgánica Municipal 

* Ombusman municipal "está a contentillo" del alcalde de Ecatepec 

Agencia MANL 

Ecatepec, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, incluso comunicó mediante oficio 400C102000/167/2022, a la Secretaría del Ayuntamiento, que la conclusión del periodo de la actual Defensora Municipal de Derechos humanos fenece el 21 de mayo de 2022, y pidió dar cumplimiento al procedimiento de selección y nombramiento de la persona titular de la Defensoría Municipal, en los términos que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y remitir a la Unidad Jurídica y Consultiva la documentación que garantice la exacta observancia del proceso.

Cabe mencionar que a pesar de que la Ley Orgánica Municipal establece que en los tres primeros meses de cada nuevo Ayuntamiento, el Cabildo está obligado a nombrar al titular de la Defensoría, pero a más de un año del actual Ayuntamiento, no se ha designado al o la responsable, y sigue en funciones Karla Arroyo Martínez, quien tomó protesta en Cabildo en mayo de 2019, y debió durar en el cargo solo tres años de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

Cabe señalar que la Defensor Municipal de Derechos Humanos debe desarrollar programas y acciones tendientes a promover los derechos humanos, ya que es la autoridad que tiene entre sus atribuciones recibir quejas de la población de la localidad, acerca de presumibles violaciones a los derechos humanos, por actos u omisiones de naturaleza administrativa.

Por lo anterior, el diputado de Morena, Faustino de la Cruz, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales llamó al Ayuntamiento hizo un llamado al gobierno local a reponer el proceso para la designación del Defensor Municipal de Derechos Humanos de Ecatepec de Morelos, que debió nombrarse desde mayo y que actúe conforme a derecho para que estén garantizados la atención en cuanto a derechos humanos de los ciudadanos de Ecatepec, adicionalmente a que el gobierno local ya incurre en desacato y violenta la Ley Orgánica Municipal.

El legislador de Ecatepec explicó que en una primera convocatoria que emitió el Ayuntamiento el 25 de abril, solo se registraron dos personas, por lo que emitieron una segunda convocatoria a finales de julio, se inscribieron ocho aspirantes: Cesar Valente García García, Máximo Flores Hernández, Marco Antonio López Barrios, Verónica Gómez Cerón, Beatriz Aguilar González, Moisés Sinuhé García Bartolo, Gabriela Maricruz Arco León y Edgar García Madrigal

La Secretaría mandó a la comisión edilicia los participantes para emitir una tercia en la que fueron seleccionados: Marco Antonio López Barrios, Verónica Gómez Cerón y Beatriz Aguilar González, pues fueron quienes cubrieron el perfil, principalmente tener certificado en materia de derechos humanos emitido por la Codhem, sin embargo, no fueron avalados por el Ayuntamiento

Los requisitos para ser Defensor Municipal de DH, establecidos en la segunda convocatoria se encuentran ser mexicano; tener residencia efectiva en el municipio no menor a tres años; título de licenciado en derecho o disciplinas afines, así como experiencia o estudios en derechos humanos; tener más de 23 años; gozar de buena fama pública y no haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito intencional; no haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o comisión en los servicios públicos federal, estatal o municipal, con motivo de alguna recomendación emitida por organismos públicos de derechos humanos.

También establece que no debe haber sido objeto de sanción de inhabilitación o destitución administrativas para el desempeño de empleo, cargo o comisión en el servicio público, mediante resolución que haya causado estado; pide Certificación en materia de derechos humanos, que para tal efecto emita la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Y refiere que durante el tiempo de su encargo, el Defensor Municipal de Derechos Humanos no podrá desempeñar otro empleo cargo o comisión públicos, ni realizar cualquier actividad proselitista, excluyéndose las tareas académicas que no riñan con su quehacer.

El pasado 6 de agosto el alcalde por ministerio de ley, Ernesto Santillán emitió un acuerdo para la aprobación de la regularización del procedimiento de selección y nombramiento de la persona titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Ecatepec de Morelos, y la integración de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Ecatepec de Morelos.

En el acuerdo se precisa que por “error humano e involuntario en el proceso de selección de la segunda convocatoria para designar al Defensor Municipal de los Derechos Humanos de Ecatepec de Morelos, se enunció remitir las solicitudes y los documentos de los aspirantes, a la Comisión Edilicia Municipal de Derechos Humanos, siendo lo correcto, remitirlos a la Comisión Municipal de Derechos Humanos.

“Los resultados de una convocatoria y los candidatos no deben ser a contentillo de ningún servidor público, ya sea presidente municipal o gobernador, no tiene porqué haber un poder de veto, se violenta la ley en base a lo estipulado por la propia legislación”, apuntó el legislador morenista.

Denuncian a alcalde de Tultitlán por gastar 20 millones de pesos

Agencia MANL

Tultitlán.-Méx.- Marco Antonio Calzada Arroyo, alcalde de esta localidad, es acusado de gastar, presuntamente, alrededor de 20 millones de pesos desde el mes de julio a la fecha para promover como candidato a la alcaldía de Tultitlán a Adán Barrón Elizalde, ex Director de Desarrollo Social municipal y actual presidente del Comité Directivo local del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Según lo dieron a conocer habitantes de diversas comunidades inconformes con la administración de Calzada Arroyo, debido a la falta de obra pública y la inseguridad prevaleciente en la localidad, el edil ha desviado recursos del erario municipal y del DIF para apoyar políticamente a su allegado.

Juan Carlos Guardado, habitante de la colonia Lechería, afirmó que el Alcalde dispone de todos los servidores públicos, desde directores de área hasta auxiliares, para que hagan proselitismo en favor del Presidente del Comité Directivo Municipal del tricolor.

Agregó que, en horario y días hábiles, la hermana del Munícipe, Leticia Calzada Arroyo, reparte despensas en las colonias Rinconada San Marcos, Izcalli del Valle, Fuentes del Valle, Solidaridad y en las de la zona oriente del municipio, con la finalidad de apoyar políticamente a Adán Barrón Elizalde.

A decir de los denunciantes, entre sus íntimos Marco Antonio Calzada Arroyo, ha dicho: “lo que me cueste; pero mi muchacho va a ser”, refiriéndose a que Adán Barrón Elizalde, será el próximo candidato del PRI a la presidencia municipal de Tultitlán, para lo cual invierte recursos financieros, administrativos y humanos del erario en la campaña política del líder del tricolor tultitlenses, aseguraron.

Acotan que Calzada Arroyo, tiene un “cochinero” en el manejo de los recursos públicos, porque su hermano Arturo Calzada Arroyo, dueño de la constructora MAC, es proveedor de obras y materiales para la administración municipal.

Entonces, se preguntan los denunciantes, “¿y a nosotros cuándo nos toca”? “Vivimos desde hace años sin los servicios públicos más elementales, como agua o drenaje;. Votamos por Marco Antonio Calzada para que engrandeciera a Tultitlán, pero sólo se ocupa de enriquecerse él y su familia”, dijeron.

Consideraron que con la llegada del PRI a la administración municipal las expectativas en Tultitlán “eran enormes”; sin embargo, añadieron, “con tristeza los tultitlenses vemos que es más de lo mismo con Marco Antonio, porque con su actuación pensamos que pretende convertirse en el cacique, ya que, para cumplir su objetivo, ha madreado a la mayoría de quienes lo llevaron al triunfo; no conforme, ahora pretende “imponer a un joven sin los meritos suficientes, ya no digamos para ser candidato, sino, ni siquiera, para ser dirigente del PRI donde fue impuesto por Marco Antonio”.

Adán Barrón Elizalde, es acusado por militantes priistas de déspota, prepotente y altanero, según dicen, “se ha subido a su tabique”; sin embargo, abundan, Calzada Arroyo, a puesto a disposición del él a, gente de primer nivel de la administración municipal, mencionaron al Director de Gobierno de Zona Oriente José Luis Martínez Acevedo, quien acompaña al muchacho en actos institucionales y con logotipos del Ayuntamiento de “Compromiso Cumplido”, se presenta en comunidades a fortalecerlo.

También señalaron al Director de Servicios Públicos, Germán Aldana Juárez, quien en Jornadas de Limpieza impulsa al muchacho o en eventos formales donde se aprecia en compañía de la hermana del Alcalde y el Director de Desarrollo Económico.

Ante dicha situación los denunciantes hacen un llamado a la Contraloría estatal para que audite el manejo de los recursos públicos hecho por Calzada Arroyo; y al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal Raúl Domínguez Rex, detenga el madruguete que pretende el alcalde de Tultitlán.